El Consejo de Ministros ha aprobado recientemente, a propuesta del Ministerio de Trabajo y Economía Social, la prohibición del despido automático por incapacidad, un reforma normativa demandada por el Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (CERMI).
El texto aprobado también establece los criterios que permiten determinar cuándo los ajustes necesarios constituirían un coste excesivo para la empresa valorando, de manera específica, si los gastos de adaptación pueden sufragarse con ayudas o subvenciones públicas de manera parcial o total y también, en su caso, si son razonables para el tamaño de la empresa.